La senadora por el partido Centro Democrático, María del Rosario Guerra, radicó hoy en la Secretaría General del Senado de la República los primeros cuatro proyectos de ley que impulsará en el cuarto año de la legislatura 2018-2022.
El primero de ellos es prohibir con fines de lucro la maternidad subrogada, que se vuelve a radicar, y que busca sancionar penalmente a quien o quienes constriñan a una mujer para que alquile su vientre, “cosificando a los bebés, y haciendo parte del delito de trata de personas, en este caso, con fines reproductivos.
Otro de los proyectos que inicia su trámite nuevamente en el Legislativo este 20 de julio es la eliminación de beneficios para los violadores de mujeres. Con esta iniciativa se busca poner fin a la posibilidad de obtener libertad condicional y redención de la pena por estudio, trabajo o actividades artísticas y deportivas, a las personas responsables de estas conductas execrables.
La tercera iniciativa tiene como objetivo garantizar el derecho a la objeción de conciencia, consagrado en la Constitución en su artículo 18. Se busca que toda persona tenga la potestad de oponerse, en determinado momento, a un deber jurídico si su cumplimiento entra en conflicto con sus más íntimas convicciones y creencias; como por ejemplo a la unión de parejas del mismo sexo o la práctica del aborto o de la eutanasia.
Finalmente, fue radicado un proyecto de ley de carácter cultural, que tiene como objetivo vincular a la Nación y al Congreso de la República a la celebración de los 50 años del municipio de Dosquebradas, Risaralda.
En los próximos días, la senadora María del Rosario Guerra, radicará otros cinco proyectos de ley, entre los que estarán: la definición de condiciones dignas de habitabilidad para la vivienda VIS y VIP; revisión de la Ley de Veteranos de la Fuerza Pública para extender algunos beneficios a otros miembros, ajustar los porcentajes en la pensión por invalidez y agregar una asignación económica por enfermedades mentales asociadas al estrés postraumático; definición de una política integral de peajes; reglamentación del salario rural integral, y los criterios de formalización de la educación en casa.