En mi columna “Economía Resiliente” abordé dos de las tres soluciones planteadas por el Gobierno Nacional para contrarrestar los efectos de la pandemia. La primera, enfocada en la reactivación económica y la generación de empleo; donde se reconocen importantes avances en términos de crecimiento económico durante 2021, con un crecimiento de 10,6% y un pronóstico de 5% para 2022, siendo Colombia uno de los países que más crecerá en la Región. (Lea también: Economía nutricionista).
En lo que respecta a la generación de empleo, que fue el segundo tema abordado, se evidencia una recuperación importante de puestos de trabajo, gracias a los incentivos establecidos en la Ley de Inversión Social y el mayor crecimiento económico, que han permitido recuperar más de 370.140 empleos entre enero y febrero de este año. Igualmente, es importante señalar los avances en la estabilización de las finanzas públicas, punto en el que se logró una reducción de 3 pp en la deuda del Gobierno Nacional Central respecto a lo proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (de 66,8% a 63,8%).
En su momento manifesté que dedicaría una columna para revisar los resultados en la tercera apuesta del Gobierno Duque, y que sin duda es una de las más importantes, como es la reducción de la pobreza y de la desigualdad en Colombia.
Esta semana el DANE reveló los indicadores que miden la pobreza tanto monetaria (medida por ingresos) como multidimensional (que considera mejoras en educación, salud, vivienda y agua potable, entre otros) para 2021, reportando avances en reducción de pobreza y desigualdad a nivel nacional, pero dejando en evidencia importantes retos para reducirla en las zonas rurales.
Analicemos los resultados en la medición de la pobreza multidimensional, que se disminuye 2.1 pp respecto a 2020, pasando de una incidencia de 18,1% a 16%. La mayor reducción en la Incidencia de Pobreza Multidimensional (IPM) tuvo lugar en los centros poblados y rural disperso (que son los municipios con alto porcentaje de ruralidad – cerca de 600 municipios), donde bajó 6 pp, pasando de un IPM de 37,1% en 2020 a 31,1% en 2021. Importante avance, pero insuficiente.
El factor que más aportó a dicha reducción fue el regreso de nuestros niños a las aulas de clase, después de un 2020 con alarmantes resultados en inasistencia escolar, donde 16,4% de hogares reportaban privación en esta dimensión a nivel nacional y 30,1% en zonas rurales. Para el caso de los centros poblados y rural disperso se evidenció una reducción de 22.9 pp en los hogares que reportaron inasistencia escolar, pasando de 30,1% de hogares rurales con dicha privación en 2020 a 7,2% en 2021. El reto es que en los próximos años ningún niño deje de asistir al colegio, una apuesta clave, ya que la educación es indispensable para promover la movilización social y el cierre de brechas en materia de desigualdad y pobreza.
Si bien hubo avances en el índice de pobreza multidimensional, no podemos dejar de lado los desafíos que aún tenemos. Por un lado, las barreras en el servicio de cuidado a la primera infancia en zonas rurales, que se incrementó de 7,9% en 2020 a 8,9% en 2021. Es necesario asegurar más y mejor servicio de atención a la primera infancia, entre otras para facilitar la vinculación laboral de las madres al mercado laboral. También hay que hablar del incremento de hogares con carencia en el acceso al agua potable, que reportó un aumento de 6.8pp en zonas rurales. Debe continuar como prioritario el apoyo a los acueductos rurales y la entrega de mecanismos de potabilización de agua a los hogares.
Antes de referirme a los resultados de pobreza monetaria, debo resaltar el trabajo del Gobierno Nacional para contrarrestar el golpe en el bolsillo de los colombianos tanto de la pandemia como del aumento de la inflación, en especial la de alimentos y la de grupos de ingresos bajos. El gobierno Duque ha sido el que más ha invertido en transferencias monetarias, destinando $32.5 billones (53,6% del total de transferencias desde la creación de estos incentivos) y que ha beneficiado a más de 10 millones de hogares en condición de vulnerabilidad. Para que esto fuera posible fue necesario un importante esfuerzo fiscal que, según las cifras, ha contribuido a la reducción de la pobreza monetaria. Es con hechos que se construye país y no con discursos de promesas incumplibles.
Los resultados de la pobreza monetaria son muy reveladores. Primero, se redujo la pobreza monetaria a nivel nacional de 42,4% en 2020, la más alta reportada según los registros del DANE, a 39,3% en 2021. De igual manera, bajó la pobreza extrema de 15,1% a 12,2%. Lo anterior implica que, a nivel nacional, cerca de 1.4 millones de personas dejaron de ser pobres por ingresos y 1.3 millones de personas salieron de la condición de pobreza extrema en 2021. Sin embargo, hay que continuar avanzando en la reducción de la pobreza monetaria para lograr los niveles prepandemia de 35,7%. En materia de desigualdad, también se redujo el coeficiente de GINI en 2021, de 0,54 a 0,52.
Segundo, preocupa el incremento en pobreza monetaria en las zonas rurales de 41,9% en 2020 a 44,6% en 2021. Este aumento en el último año, luego de la reducción que hubo en 2020 durante la pandemia, exige que el nuevo gobierno ponga la inversión productiva y social en el campo como prioridad. Duplicar el presupuesto del sector a $5 billones año; construir 20.000 kms de vías terciarias en los próximos cuatro años; asegurar mayor y mejor cobertura de Internet y dotación de servicios de salud, educación y agua potable, y más infraestructura de riego es imperativo. Debemos posicionar el sector como despensa de alimentos y generador de oportunidades para jóvenes.
Los resultados en pobreza multidimensional muestran que las actividades que más aportan a la pobreza multidimensional son las relacionadas con la educación (33,8%) y trabajo (27,7%). Y los que más contribuyen a la pobreza monetaria son los hogares con menor nivel educativo (no tienen ningún nivel o sólo primaria), que registran 47,5%, mientras que aquellos con nivel educativo técnico o tecnológico reportan una pobreza monetaria de 24,2%.
Son muchos los avances, pero también enormes los desafíos para seguir mejorando la calidad de vida de los colombianos. El gobierno del presidente Iván Duque ha hecho esfuerzos enormes y estoy segura de que a poco más de tres meses de terminar su administración, los resultados seguirán saltando a la vista.
Ya estamos de cara a una nueva elección presidencial, que obliga a los candidatos a plantear propuestas responsables y posibles para mitigar la pobreza en nuestro país. No se puede engañar a los electores para conseguir votos.
Sugiero algunas propuestas para reducir la pobreza: generar trabajo digno, formal y estable; más recursos para promover emprendimientos productivos; focalizar la inversión pública para mejorar los bienes públicos como las escuelas e infraestructura deportiva; apoyar con transferencias monetarias a los adultos mayores vulnerables; incentivar la educación pertinente para los jóvenes; dinamizar el crecimiento de la economía, y definitivamente frenar la corrupción. Las propuestas de los candidatos están sobre la mesa y la decisión está en nuestras manos.