María del Rosario Guerra
Nadie debe arrebatar la vida. Por ello creo que un profesional de la salud, quien se formó académica, ética y moralmente para curar, no puede ser obligado a practicar aborto o eutanasia para garantizar su continuidad en la institución en que labore.
Y creo que un matrimonio es la unión entre hombre y mujer para apoyarse, crear vida, construir familia y aportar todo lo que ello significa a la comunidad. Por ello un notario debe poder decidir no realizar uniones civiles de parejas del mismo sexo cuando ello vulnere sus convicciones.
Sé que muchos coinciden, pero también hay otros tantos que no lo comparten. Esa la esencia de nuestra sociedad. También estoy convencida de que los derechos son para todos y hoy en Colombia médicos, enfermeras, jueces o notarios no pueden ejercer uno fundamental: el de objetar en conciencia frente a casos como los que planteo.
Pese a estar consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en nuestra Constitución Política, este sector de profesionales (a diferencia del resto de los ciudadanos) no cuenta con el derecho a la objeción de conciencia por la ausencia de una norma que lo reglamente. No es justo, y cumpliendo mi deber como senadora de la República trabajo en un proyecto de ley que garantice la igualdad.
Mi propuesta se hizo pública hace unos días tras una mesa de trabajo en la que escuchamos la voz de todos: ministerios, superintendencias, organizaciones de mujeres, representantes del gremio de la salud y del notariado, universidades y más sectores. De inmediato, especialmente a través de las redes sociales, los nuevos extremistas (que pretenden como único su “modelo social”) aseguraron que el borrador de proyecto atacaba a las minorías y discriminaba. Ni siquiera habían leído el contenido… no podían estar más equivocados.
El proyecto de ley en construcción contempla que una vez médicos o notarios informen que no practicarán el procedimiento o acto civil porque atenta contra sus más profundos principios religiosos, filosóficos, éticos o morales, el Estado debe asegurar que otros profesionales lo hagan para que terceros reciban el servicio. Es decir: la objeción de conciencia no afecta los derechos de terceros sino que garantiza los derechos de todos. Trabajamos para ponderar cuando se presenten casos excepcionales como el riesgo inminente de muerte o poblaciones en las que exista una sola notaría.
Es momento de que la sociedad y el Congreso de la República dejen de evadir discusiones de fondo sobre temas trascendentales para el país. A causa de ello pocas personas terminan decidiendo sobre la vida, la muerte, la familia y el futuro. La objeción de conciencia es uno de ellos.
Es lo que creo. ¿Y usted?
El debate está abierto.
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