María del Rosario Guerra
En el año 2017 el propietario de un predio de 210 metros cuadrados en Tunja (Boyacá) pagó 965 mil pesos por concepto de impuesto predial; a inicios de 2018 recibió nuevamente la factura y esta vez el valor a cancelar al municipio era de 2 millones 254 mil. En Bogotá, el dueño de una casa pasó de pagar 1 millón 800 mil pesos en el año 2009 a más de 12 millones de pesos en 2018.
Año a año, factura a factura, la historia se repite en todos los municipios del país y en todos los estratos socioeconómicos: el desmedido aumento de los avalúos catástrales y del impuesto predial está asfixiando a muchos propietarios que cambiaron la ilusión de tener vivienda propia por la angustia anual de conseguir el dinero para pagar la contribución fiscal que ello acarrea.
El valor del impuesto predial es definido por los concejos distritales y municipales y su desbordado crecimiento es consecuencia del aumento de los avalúos catastrales por los procesos tardíos de actualización y por la desactualización de los planes de ordenamiento territorial (POT). Se convirtió en una problemática que ya ha significado protestas, movilizaciones y bloqueos. Tunja, Manizales, Bucaramanga, Ibagué y Bogotá son algunas de las tantas ciudades que lo padecen.
Cuando se actualiza un catastro no se puede pedir a los propietarios que el predial incrementado significativamente se pague de inmediato. Hay que buscar que se difiera su pago en varias vigencias o se pueda cancelar por cuotas. La desactualización de los POT lleva a que las autoridades municipales impongan aumentos al tope de lo que permite la Ley. Ese incremento desmedido e incomprensible para el ciudadano desincentiva el pago y por ello no es de extrañar que hoy la cartera sea de $2.2 billones de pesos. Algo adicional: en Colombia el 63% de los predios rurales es inferior a 3 hectáreas, es decir, el desincentivo se concentra en propietarios de recursos limitados y frena el desarrollo agropecuario. El problema es del campo y de la ciudad.
Los propietarios requieren alternativas para poner fin a la asfixia fiscal y las entidades responsables deben tomar cartas en el asunto para mitigar la afectación al bolsillo de los pequeños propietarios y de la clase media. Por ello cité a un debate de control político en la materia y por ello cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca imponer topes a los aumentos.
Es grande el reto del Ministerio de Hacienda, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y de las secretarias de Hacienda para implementar soluciones oportunas: Una actualización catastral como prevé la Ley, convertir los planes de ordenamiento territorial en ejes de inversión, poner en marcha un sistema catastral que considere la realidad patrimonial y capacidad de pago del propietario, así como definir menores tarifas para los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, algunas de ellas.
Es lo justo. Los propietarios de inmuebles en Colombia han trabajado toda una vida para ofrecer techo propio a sus familias. Alcanzado ese objetivo merecen poder respirar.