María del Rosario Guerra
Independientemente de creencias religiosas, visiones políticas o identidades sexuales, todos los colombianos tenemos iguales derechos y en el respeto a esa máxima se basa el equilibrio de nuestra sociedad. Sin embargo, algunos sectores continúan sacando provecho de una Corte Constitucional permeada por ideologías y con atribuciones que ya parecen legislativas para pretender convertir en derechos de todos y para todos lo que entienden como modernidad o progresismo.
Para ser claros: siguen usando a la Corte en busca de que en Colombia exista el “derecho” a matar al indefenso en cualquier caso (aborto) o el “derecho” a deshacerse de los ancianos y los enfermos (eutanasia). Ahora, a través de una demanda de inconstitucionalidad que fue admitida para su revisión por el magistrado Alberto Rojas, buscan cambiar el concepto de familia que está reconocido en el Artículo 42 de la Constitución:
“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia”.
Promover libertades de parejas homosexuales no puede confundirse con eliminar la definición constitucional de familia y derrumbar el significado, la tradición y el valor fundamental que esta institución tiene para la sociedad y para la mayoría de los colombianos. La familia conformada por la unión de un hombre y una mujer para amarse, cuidarse, respetarse y procrear es el escenario natural y primario para la construcción de Nación, es la inspiración para la unidad de la ciudadanía y representa todo aquello que el Estado debe defender.
Sin familias sólidas no hay nada. Los hijos requieren de referentes femeninos y masculinos para su crecimiento. Con el respeto que merece la visión de sociedad de los colectivos LGBTI, intentar cambiar lo que millones de colombianos entendemos como familia y que consagra la Constitución es un ataque a nuestras raíces cristianas, a nuestra historia y a las enseñanzas que recibimos de nuestros padres y transmitimos a nuestros hijos.
La Corte, en muchos casos con decisiones de cinco magistrados, no puede seguir cambiando la Constitución y la Ley sin consultar ni atender el querer y las convicciones de los colombianos. Por ello he insistido, en coincidencia con muchísimos sectores sociales y políticos, en la necesidad de que decisiones que moldean e impactan a TODOS los ciudadanos sean tomadas por la misma sociedad en plena Democracia y con garantías para que cada sector exponga sus posiciones. El pueblo o el Congreso son los escenarios propicios para ello.
Siempre he sido clara ante el país: El debate debe darse más allá de la Corte Constitucional y no pueden seguir desconociendo a quienes nos oponemos a la cultura de la muerte de no nacidos, ancianos y enfermos; a quienes no compartimos el dicho “matrimonio igualitario” y la adopción por parte de parejas homosexuales; y a quienes desde diferentes tribunas tuvimos que luchar para evitar que el anterior gobierno hiciera una política pública la ideología de género en las instituciones educativas del país.
Colombia es una sola familia: quienes enarbolan las banderas del respeto a sus preferencias, deberían entender y respetar la importancia que esto tiene para la mayoría. Defender libertades no puede seguir siendo excusa para atentar contra las creencias, valores y principios de los demás.