María del Rosario Guerra
El honor militar está por encima del hambre, del miedo, del frío, por encima del deseo de regresar a casa para abrazar a los seres queridos tras meses de ausencia en defensa de todas las familias del país. Durante décadas, nuestros soldados y policías han dado ejemplo al mundo de lo que ese honor significa, enfrentando el cáncer del terrorismo de guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares, delincuentes comunes y bandas criminales.
Lo resumo con una frase de G. K. Chesterton: “El verdadero soldado no lucha porque odia lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás”. Nuestras Fuerzas Armadas nos demuestran su amor día a día entregándolo todo por nosotros.
Por ello resulta doloroso que con la creación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), fruto del acuerdo entre Juan Manuel Santos y los cabecillas del grupo terrorista Farc para garantizar impunidad, nuestras Fuerzas Militares y de Policía hayan terminado equiparadas a los victimarios que combatieron.
Hoy, en la feria de la impunidad para todos, los soldados con procesos judiciales por actos del servicio y que en la justicia ordinaria parecen no tener otro destino que décadas de prisión, son invitados a confesar crímenes (los hayan cometido o no) para recuperar su libertad y recibir penas simbólicas. Les piden que hagan lo que hacen los miembros de las Farc: evadir la justicia real y jamás pagar un día de reclusión pese a haber cometido delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios.
Y hablemos con claridad: Algunos soldados y policías son responsables de conductas graves y reprochables. Es deber del Estado que reciban las sanciones que dicta la Ley. Pero en ese contexto existen colectivos de abogados de izquierda dedicados a perseguir a los militares por enfrentar a la guerrilla, falsos testigos a la espera de millonarios pagos por incriminar, y demasiados intereses políticos para crear el falaz discurso de que en Colombia la guerra es responsabilidad del Estado, de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y no de quienes se alzaron en armas para asesinar, secuestrar y extorsionar alimentados por su ambición y el dinero del narcotráfico.
Nuestro Ejército nunca estará al mismo nivel de los terroristas de las Farc. ¡Nunca! Es una fuerza legítima que ha resguardado las instituciones y la libertad de los colombianos. Sólo le debemos agradecimiento, respeto y admiración, y por ello trabajamos para que en los procesos judiciales en que se vinculen sus miembros existan garantías, jueces independientes y verdadera justicia, casi una quimera cuando hablamos de la JEP.
El honor militar está por encima de todo, incluso de la falta de memoria de muchos en el país. El oportunismo de quienes hoy abrazan a los genocidas no lo va a vencer. Nuestros soldados de tierra, mar y aire seguirán defendiendo lo que más aman, lo que amamos todos los colombianos.
Garantizar justicia es lo mínimo que podemos hacer por quienes están dispuestos a dar su vida por proteger la nuestra. Es una cuestión de honor de la sociedad colombiana para con sus héroes.