María del Rosario Guerra
El crecimiento de la delincuencia juvenil es alarmante. Muchos de las nuevas generaciones desde muy temprana edad son protagonistas, casi a diario, de los titulares de noticias criminales.
Esta situación no solo es grave y preocupante, sino que devela la urgencia de una mayor responsabilidad de padres y familiares en el acompañamiento de los jóvenes, y por supuesto del Estado de impulsar más decididamente estrategias para que se involucren en actividades deportivas, culturales, de investigación y de tecnología, entre otras. Pero frente a la realidad del aumento del número de jóvenes en actividades delictivas y la captura de muchos de ellos por redes delincuenciales, las autoridades deben endurecer el tratamiento y las sanciones para combatir la criminalidad juvenil y la reincidencia, las cuales son laxas, y se aprovechan para burlar la justicia.
Me encontré con un caso preocupante de reincidencia criminal registrado en Bucaramanga. Un menor de edad fue enviado 10 veces a un reformatorio por los delitos de tráfico de estupefacientes, hurto y lesiones personales. No contento con ello, desde que cumplió la mayoría de edad ha estado recluido otras cuatro veces en un centro penitenciario. Las redes criminales saben de la protección especial que tienen los menores de edad frente a la justicia, y se aprovechan de ello.
Ahora veamos las cifras…
Entre el primero de enero y el 28 de agosto de 2019 la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional detuvo a 9.659 menores de edad, de ellos 7.114 estaban entre los 16 y 17 años, y los 2.481 restantes, entre los 14 y 15 años.
Los departamentos que registran mayor número de aprehensiones son Cundinamarca (2.238), Antioquia (1.870), Valle (918), Santander (669) y Atlántico (510).
De los 9.659 detenidos, 2.273 fueron detenidos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; 2.439 por hurto a personas; 738 por fabricación, porte y tráfico de armas; 711 por receptación, y 605 más por lesiones personales.
Revisando los antecedentes se observa que en 2018, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) registró el ingreso de 9.156 menores de edad por la comisión de algún delito, de los cuales 7.960 fueron hombres y 1.197 mujeres. El rango de edad que predominó en este registro fue el de 17 años con 3.575 casos, seguido de 16 años (2.719), 15 años (1.690), y 14 años (872).
Pero más allá de las preocupantes y dolorosas cifras, urge implementar medidas que permitan castigar a quienes, en ocasiones, aprovechan su condición de menor de edad para atentar contra la sana convivencia, el respeto por la vida y por el orden público del país.
En aras de contribuir con una legislación más exigente para combatir esta problemática, radiqué el proyecto de ley 67 de 2019 Cámara que busca habilitar a las autoridades para consultar los registros de antecedentes penales de los menores de edad que sean reincidentes, y endurecer las sanciones para quienes estén entre los 16 y 18 años de edad que incurran en conductas delictivas.
Contempla además que el adolescente entre los 16 y 18 años de edad que incumpla el compromiso de no volver a infringir la ley penal sean juzgados por la justicia ordinaria y privados de la libertad en establecimiento carcelario en recinto separado de los adultos.
El cariño, respeto y buena atención de la familia, los programas de apoyo escolar, la seguridad y disposición de espacios públicos para actividades juveniles en el barrio, y la preocupación de las autoridades locales por oportunidades laborales para los jóvenes deben ser parte de una política integral para prevenir la delincuencia juvenil.