Tristeza, dolor y rechazo es lo que produce la decisión de un grupo de magistrados de la Corte Constitucional de dar vía libre al aborto hasta las 24 semanas, es decir, seis meses de gestación; tiempo en el que el bebé además de estar formado ya siente y puede vivir por fuera del vientre de su madre. No se entiende cómo, quienes están llamados a garantizar y proteger derechos fundamentales como el de la vida, consagrados en nuestra Carta Magna en su artículo 11, sean los mismos que hoy condenen a muerte al no nacido y en el propio vientre de su madre, el que se supone debe ser el más seguro para él, pero que después de esta inaceptable decisión, será su propia tumba.
Pareciera que los cinco magistrados que tomaron la decisión desconocen que hay vida desde la concepción, que a las 24 semanas el bebé mide casi 24 centímetros y pesa cerca de 700 gramos; abre y cierra los ojos, y puede diferenciar perfectamente entre la oscuridad y la luz. En ese momento de la gestación el feto es capaz de sobrevivir si por factores médicos el parto se adelanta. Dicho esto, es claro que lo que avala la Corte no es solo el aborto, sino el feticidio, porque aquí no se interrumpe un embarazo, se asesina con plena conciencia a un ser humano y eso es un delito.
Ahora bien, aquí hay además un tema espantoso, cruel y a todas luces rechazable y es el negocio de la comercialización de órganos de los fetos abortados. En 2016, cuando discutimos la Ley de Donación de Órganos (Ley 1805 del 4 agosto de 2016) introduje un parágrafo para prohibir que los órganos o tejidos de los no nacidos abortados fueran donados o usados para investigaciones médicas o incluso con fines educativos. Sin embargo, en 2019, esa prohibición fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, en respuesta a una demanda de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes. Con lo cual despenalizado el aborto hasta los 6 meses de gestación y sin la prohibición de usar y donar los órganos de los bebés abortados, le abrieron la puerta a un macabro negocio que existe hoy en algunos países como en Estados Unidos. Y que Dios quiera no exista ya en nuestro país.
De otro lado, hay un tema que urge abordar y es el derecho a la objeción de conciencia que tiene todo ciudadano y que está contemplado en el artículo 18 de la Constitución. Lo mínimo es que los médicos puedan invocar la objeción de conciencia, y que esos cinco magistrados no los obliguen a ir en contra de su ética, principios y creencias más profundas, esas que prometieron defender cuando hicieron el juramento hipocrático (código ético más influyente en la historia de la medicina occidental) que en uno de sus apartes dice: “tendré absoluto respeto por la vida humana desde la concepción”, y que en otro hace alusión a que “no dará a ninguna mujer pesarios abortivos”.
Pero eso no es todo. También existe el Manifiesto de Madrid, documento escrito por un respetado grupo de médicos, científicos, biólogos, docentes y juristas, algunos agnósticos, otros creyentes, que aportan y validan razones científicas, no ideológicas, para defender la vida desde la concepción y así lo explica este aparte: “un aborto no es sólo la interrupción voluntaria del embarazo, sino un acto simple y cruel de interrupción de una vida humana”. Bien lo dijo el doctor Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia, en entrevista con Blu Radio: “La vida humana existe desde la concepción. Yo no estudié medicina para quitarle la vida a ningún ser humano, mi tarea es preservar la vida y aliviar el dolor”.
Como él son muchos los profesionales de la salud que no están dispuestos a ser cómplices de la barbarie del aborto. Es por esa razón que hoy más que nunca cobra especial relevancia el proyecto de ley estatutaria 112/2021 Cámara, de mi autoría, que busca reglamentar la objeción de conciencia, iniciativa que está para tercer debate en el Senado y al que hay que ponerle el acelerador. (Lea también: En defensa de la vida del no nacido).
Es realmente triste y desesperanzador ver cómo el máximo tribunal constitucional toma decisiones inaceptables, violando la independencia de poderes y usurpando funciones propias del Congreso de la República. Es bueno decir que el Legislativo ha debatido cerca de 20 proyectos de ley sobre el tema, todos sin éxito. Lo que significa que el Congreso, en su mayoría, quiere dejar el tema como está en la Constitución y la ley porque la vida es sagrada y que quien la violente debe ser penalizado. Pero pareciera que a la Corte Constitucional sólo le sirven las decisiones del Congreso cuando estas son afines o van en la línea de lo que unos cuantos magistrados quieren.
Pero no nos quedaremos de brazos cruzados. Alzaremos nuestra voz de rechazo y uniremos fuerzas junto con la bancada Provida del Congreso, la sociedad civil y líderes de diferentes credos para que, mediante un referendo, sean los ciudadanos los que decidan si esta aberración de dar vía libre al aborto se mantiene o se prohíbe. (Vea también: Toda vida vale).
Como madre, mujer y defensora de la vida seguiré luchando por los derechos del no nacido. Estoy segura de que la voluntad popular tumbará esa decisión de la Corte y hará valer los derechos del más indefenso, ese que no tiene voz para gritar y decir ¡No me mates!…