María del Rosario Guerra
Es preocupante la situación de violencia, bloqueos y parálisis ocasionada por las protestas de comunidades indígenas en el sur del país, que ya afecta a toda la Nación, especialmente a sectores productivos, a sus trabajadores y a pequeños comerciantes en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Nuevamente marchas y movilizaciones con intereses políticos atentan contra los intereses generales y la seguridad de la ciudadanía.
Según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), por cada día de protestas se generan pérdidas superiores a los 2 mil millones de pesos. Solo para el gremio transportador el costo es de 190 millones de pesos diarios por el no pago de fletes; y los productores de leche dejan de recibir 275 millones de pesos cada 24 horas ante la imposibilidad de transportar el producto, que debe ser desechado por perecedero. El desabastecimiento de combustible y alimentos en la región es alarmante y nos perjudica a todos.
Rechazo contundente a las vías de hecho con las que pretenden presionar a un Gobierno Nacional siempre dispuesto al diálogo con la comunidad, pero firme para no aceptar vandalismo ni criminalidad. No deben olvidar los manifestantes y quienes promueven el caos (que quieren extender a otras regiones del país una sensación mentirosa y negativa contra el Gobierno del presidente Duque) que los compromisos de asignar 40 mil hectáreas más de tierra por los que hoy bloquean la vía Panamericana fueron adquiridos e incumplidos desde 2014 por el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Por qué a ese gobierno no le exigen cuentas?
Es evidente que el paro indígena fue permeado por actores violentos, por sectores de la izquierda y por aquellos que en lugar de pensar en los intereses de toda la ciudadanía buscan generar caos y sensación de desgobierno.
¡No van a lograrlo! Parecen no poder entender que ya terminaron los días en que un gobierno débil y promesero entregaba todo ante la amenaza del crimen y del terror.
Pleno respaldo a la decisión del presidente Iván Duque de no ceder ante las vías de hecho y el llamado al diálogo, que solo puede llegar a buen puerto cuando termine el bloqueo a la Vía Panamericana y cesen las acciones violentas que ya han provocado la muerte de un miembro de nuestra Policía Nacional, heridas a más de una decena de uniformados y el secuestro de un oficial del Ejército.
Ante la presencia de grupos armados ilegales en la protesta indígena, nuestras Fuerzas Militares y de Policía deben garantizar la libre movilidad por la vía Panamericana, recuperar el orden y la tranquilidad, y actuar para que los criminales que hacen parte de las marchas sean detenidos y puestos a órdenes de las autoridades competentes.
Mano firme para combatir a los delincuentes. Corazón grande para escuchar las genuinas necesidades de las poblaciones vulnerables.