Bogotá, 25 de julio de 2018. En el inicio de la legislatura 2018-2022 la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra radicó un primer paquete de proyectos de Ley, entre ellos dos que buscan eliminar beneficios judiciales o administrativos para quienes cometan delitos sexuales; y optimizar el Sistema de Responsabilidad para Adolescentes con la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal y el fortalecimiento de sanciones a reincidentes entre los 16 y 18 años, promoviendo la cultura del respeto a la autoridad, la Ley y la protección a los menores de edad.
Ningún beneficio para los violadores
El primer proyecto de Ley radicado tiene por objeto excluir de los beneficios de libertad condicional, redenciones, preacuerdos o rebajas de penas a todos los condenados por acceso carnal o acto sexual violento o abusivo, según lo previsto en los artículos 205, 206, 207, 208, 209 y 210 del Código Penal.
En la actualidad el subrogado de libertad condicional está excluido cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes, pero no cuando se trata de mayores de edad.
Dicha medida deberá estar acompañada por la debida capacitación a los operadores de justicia frente a la violencia de género y los derechos de las víctimas de violencia sexual en el proceso penal.
Sistema de Responsabilidad penal para Adolescentes
El segundo proyecto, también radicado este martes en la Secretaría del Senado de la República, disminuye de 14 a 12 años la edad mínima de responsabilidad penal, tal como sucede en países como Brasil, Costa Rica, México, Ecuador, Panamá, Inglaterra, Holanda o Bélgica, entre otros.
Si la gravedad de los hechos implica privación de la libertad, los menores entre 12 y 18 años la cumplirán en establecimientos de atención especializada en programas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, siempre separados de los adultos.
Sin embargo, el proyecto de Ley contempla que quienes estén entre los 16 y 18 años e incumplan las sanciones previstas en el Código de Infancia y Adolescencia o se conviertan en reincidentes, serán privados de la libertad en establecimiento penitenciario o carcelario durante el tiempo que fije la Ley. En este periodo el Estado deberá garantizarles acceso a la educación.
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre 2007 y 2017 ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 234.689 personas. 157.920 de ellas estaban entre los 16 y 18 años, lo que confirma la conveniencia de fortalecer las sanciones penales en este grupo poblacional para evitar que continúe incurriendo en conductas delictivas.
Igualmente, y para evitar que se promueva la reincidencia, el proyecto de Ley de la senadora Guerra de la Espriella contempla que las sentencias proferidas a mayores de 16 años tengan el carácter de antecedente judicial (en la actualidad ocurre a partir de los 18 años). Los registros de delitos cometidos por personas entre 12 y 16 años mantendrán su carácter reservado, pero deberán ser utilizados por las autoridades judiciales competentes para definir medidas futuras.