María del Rosario Guerra
Razón tenía el presidente Iván Duque en objetar algunos artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para defender la legalidad y la extradición, y evitar que campeara la impunidad.
Las decisiones judiciales que han sorprendido al país en las últimas horas nos llevan a preguntarnos por qué la justicia no ve lo que muchos en Colombia sí.
Hay pruebas que demuestran que Jesús Santrich es un narcotraficante, a quien no solo le ratifican una curul en el Congreso y exigen su libertad, sino que muy probablemente logrará salvarse de la extradición.
Así las cosas, es válido preguntarnos si los guardianes de que se respete la Constitución y la ley, se sancione a los criminales y se fortalezca uno de los más importantes pilares del Estado de derecho no lo hacen, ¿cómo pedir entonces justicia y que sea para todos?
Por investigaciones preliminares y muchas menos pruebas que las qué hay en el caso Santrich varios ciudadanos están en la cárcel; pero aquí hay decisiones políticas y tratos especiales que mancillan el buen nombre de la justicia.
Es absolutamente indignante ver cómo la justicia termina, por cuenta de interpretaciones jurídicas que van y vienen, librando a los delincuentes como Santrich de responder ante la justicia. (Lea también: la verdadera justicia solo incomoda a los criminales).
Como país queremos que a Santrich como a todo narcotraficante le sea aplicada la justicia con contundencia y rigor. Haber participado en la negociación del acuerdo Santos – Farc, rechazado por la mayoría de colombianos, no le da el derecho ni a Santrich ni a ningún excombatiente a seguir cometiendo delitos y seguir impune.
Parece que algunos hubieran olvidado lo que implica una amenaza como el narcotráfico para Colombia. 206.000 hectáreas de coca generadoras de inseguridad, violencia, impacto negativo en la economía con sus cerca de $18 billones que mueve al año, y más de 180.000 hectáreas que se deforestan anualmente.
La justicia debe combatir la criminalidad y la impunidad con su obligación de aplicar la ley y no invocar razones políticas de un acuerdo que la mayoría de los colombianos rechazó.
El fuero que tiene Santrich no solo garantiza impunidad, es una bofetada y una humillación para las víctimas y para el país.
El presidente Iván Duque no perdió ninguna batalla. Aunque hay una sentencia de la Corte Constitucional, esto no quiere decir que el Gobierno no buscará otros mecanismos para sobrepasar y solucionar dichas dificultades en la incansable búsqueda de garantizar institucionalidad, verdad, justicia y reparación.
Que importante es tener magistrados íntegros y comprometidos con defender la Constitución, la ley y nuestras instituciones. Qué desilusión las decisiones del magistrado Antonio Lizarazo quien debía haberse declarado impedido por haber sido parte del equipo que participó en el acuerdo con la FARC.
El daño que hace la Corte con sus decisiones no se lo hace al presidente Iván Duque o a su Gobierno, se lo hace al pueblo colombiano que cada día pierde más la confianza en sus magistrados.
La reforma a la justicia es fundamental pero será difícil lograrla a través del Congreso con la FARC y muchos de sus aliados allí. Queda apelar al pueblo colombiano que le duele la Patria.
Es hora de que las facultades de derecho, sus profesores y directivas también alcen su voz porque está en juego el Estado de derecho.